La Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón califica de lamentable que ante las numerosas dudas y el enorme rechazo social que está provocando el proyecto de la unión de estaciones de esquí que destruye Canal Roya la respuesta de una parte del Gobierno de Aragón sea acelerar el proceso para tratar de alcanzar los hechos consumados y que no sea posible la vuelta atrás.
En una sociedad democrática ante semejante rechazo social y técnico lo oportuno sería reflexionar sobre lo acertado de este proyecto. En vez de eso una parte del Gobierno de Aragón (PAR y PSOE Aragón) han decidido declarar ese proyecto de interés autonómico en un conflictivo consejo de Gobierno convocado de forma urgente y extraordinaria.
Se ha llegado incluso a la irregularidad manifiesta de que, ante el informe técnico de Vertebración, avalado por su consejero (los competentes en materia de interés general) la declaración ha salido adelante gracias a un segundo informe de Marta Gastón, presidenta de la empresa Aramón y trabajadora de Ibercaja que también ejerce como consejera de Economía y que ha redactado un informe que dice que lo de su empresa sí es de interés general en contra del informe técnico del órgano competente que lo negaba por su impacto ambiental y por ir en contra precisamente de la cohesión territorial de Aragón.
Precisamente para evitar este tipo de comportamientos y denunciarlos la Plataforma y grupos ecologistas (Greenpeace, WWF, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción y SeoBirdLife) están en estos momentos en visita al Parlamento Europeo para reunirse con eurodiputados, grupos europeos y las Comisarías correspondientes.
Ya se han realizado dos entrevistas con eurodiputadas del Grupo Liberal y del Grupo Socialista. En reunión con el equipo de la eurodiputada Soraya Rodríguez le han transmitido la preocupación por el impacto del proyecto de Unión de Estaciones Astun-Formigal constatando que incumple los preceptos establecidos por Europa para asignarle fondos Next Generation. Está constatado que causara estragos en este valle glaciar. Está constatado que incumple el principio de transparencia y consulta.
