Estos ceses se producen en el marco de una reestructuración técnica, según sus promotores, que despierta sospechas fundadas de que se trate de una purga interna para facilitar que determinados proyectos temerarios (como el de Canal Roya) pasen el filtro ambiental sin problemas. Se da la circunstancia de que ya en diciembre de 2022 fueron denunciadas, ante la Fiscalía, posibles irregularidades en la tramitación del INAGA de ciertos proyectos vinculados a las energías renovables en Aragón, por lo que hay ya una investigación en marcha.

Resulta más que sospechoso que se estén realizando reestructuraciones en el organismo que debe velar para que el proyecto de unión de estaciones cumpla la Ley ambiental, especialmente tras las declaraciones anteriores de la Consejera de Economía Marta Gastón, también Presidenta de ARAMON, en las que daba por sentado que el informe del INAGA (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental) al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la telecabina por el valle de Canal Roya sería positivo.

La PDMA (Plataforma en Defensa de las Montañas) advierte que estará muy atenta al proceso de Evaluación Ambiental del proyecto de unión de estaciones de esquí por Canal Roya. Sus abogados ya trabajan sobre este aspecto y no dudará en iniciar la vía penal si hubiese actuaciones o informes que pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación.